La participación ciudadana es una estrategia clave para la construcción de paz. Por un lado, el acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC propone involucrar masiva y activamente a las comunidades durante su implementación. Y, por el otro, en los diálogos con el ELN, la participación no es solo un punto de la agenda sino la principal metodología de esa negociación.

Vincular a la ciudadanía en la gestión de lo público no es algo nuevo en Colombia. Con la Constitución Política de 1991 se crearon diversos comités, consejos y ejercicios de participación directa. Sin embargo, estos no han logrado responder, de manera eficaz, las demandas de la ciudadanía, ni profundizar su confianza en las autoridades públicas.

¿Podrán los espacios de participación de los acuerdos de paz saldar esta deuda?

Para contribuir a esta reflexión, la Fundación Ideas para Paz presenta este especial que se divide en tres secciones: La primera identifica en detalle los ejercicios de participación que contiene cada uno de los puntos del Acuerdo de paz con las FARC. La segunda presenta nuestra medición sobre la calidad y eficacia de espacios de participación vigentes. Y, la tercera se centra en recomendaciones para los responsables de impulsar ejercicios participativos.

Participación en el Acuerdo de Paz

Según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, el 71% del Acuerdo de Paz con las FARC hace referencia a las causas profundas del conflicto. Esto significa que, junto con los compromisos sobre el desarme y la reintegración a la vida civil de la guerrilla, el Acuerdo incluye medidas específicas sobre desarrollo rural, apertura política, drogas ilícitas y la reparación de ocho millones y medio de víctimas. Todo esto bajo un enfoque altamente participativo. El Acuerdo pretende involucrar a la ciudadanía en la planeación, implementación y seguimiento de lo pactado, con la idea de que se puedan diseñar políticas públicas más precisas y más legítimas.

Conozca los ejercicios de participación que contiene cada punto del Acuerdo:

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los ejercicios de participación
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Está previsto que la implementación del Acuerdo de Paz se desarrolle de manera prioritaria en 16 regiones compuestas por 170 municipios en total, donde se conformarán los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. En estas regiones se impulsarán procesos participativos de planeación, implementación y seguimiento, los cuales parten de ejercicios en veredas que se irán agregando por municipios y luego por regiones.
La FIP calcula que al menos el 25% de los ejercicios de participación que contempla el Acuerdo se enmarcarán en los PDET.

Navegue el mapa y conozca los municipios priorizados

Los PDET y
las regiones

Midiendo la calidad y eficacia

¿Qué medimos y cómo lo medimos?

Si no se toma en serio la participación de la ciudadanía, su contribución a la construcción de paz será mínima. Ejercicios de participación diseñados a la ligera, poco representativos, excluyentes o incapaces de llegar a pactos sustantivos, profundizarán la desconfianza de los ciudadanos hacia el Estado, en vez de abonar el terreno para la paz territorial.

Por ello, la FIP desarrolló, con el apoyo de la Fundación FORD, una metodología para medir la calidad y eficacia de la participación ciudadana, particularmente, de aquellos espacios que implican un diálogo entre el Estado y los ciudadanos para la toma de decisiones (ejercicios de planeación participativa o instancias de participación como comités, consejos, comisiones).

Esta metodología permite examinar detalladamente espacios o ejercicios concretos de participación, identificar sus fortalezas y debilidades, y generar recomendaciones para sus organizadores, a partir de la aplicación de una batería de 28 indicadores agrupados en 9 criterios.

Indicadores de medición

¿Qué encontramos?

Durante 2016, la FIP conformó una red de socios regionales con los que hizo 34 observaciones a 7 instancias de participación ciudadana seleccionadas teniendo en cuenta su reconocimiento local y la relevancia de los asuntos que abordan para la construcción de paz. Los resultados evidencian fortalezas y debilidades comunes que dan una idea general del estado actual de estas instancias.

En la mayoría de casos, la institucionalidad pública planea el ejercicio de participación teniendo en cuenta las características del contexto donde se desarrolla y lo lleva a cabo de manera oportuna. Se suma que estos ejercicios tienden a ser valorados positivamente por los representantes de la comunidad que participan en ellos. Sin embargo, también es frecuente que la institucionalidad no entregue a la ciudadanía información relevante para participar, no comunique con claridad el alcance del ejercicio y que los asistentes no tengan claro para qué o cómo serán utilizados sus resultados, lo que afecta la calidad. Asimismo, la eficacia se estrella una y otra vez con el mismo obstáculo: la institucionalidad pública no adquiere compromisos significativos con la ciudadanía.

Navegue el visor para conocer el análisis de los resultados:

Calidad

62 %

Medición General

2016

0-39%
40-59
60-79
80-100
Crítico
Insuficiente
Aceptable
Favorable
Eficacia

66 %

Consulte los resultados por instancia y región:

Eliga una categoría para ver detalle en el mapa

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) Mesa de interlocución y concertación Comités de Justicia Transicional Audiencias públicas del Concejo Comités de Justicia Transicional Consejos Municipales de Paz Rendición de cuentas Rendición de cuentas

Mesa de interlocución y concertación

Tipo de instancia: Ciudadana autónoma

Creación: 2011

Lugar de operación y medición: Región de Montes de María

Objetivos: Diálogo y concertación sobre asuntos territoriales claves entre organizaciones sociales, la institucionalidad pública y el sector privado.

Composición: 150 organizaciones sociales que representan distintos grupos poblacionales (indígenas, afrodescendientes, mujeres y jóvenes, principalmente).

Logros: Tramitar conflictos de tierras ante el MADR y la Agencia Nacional de Tierras y avanzar en la construcción conjunta de propuestas y políticas para garantizar modelos de desarrollo rural sustentables.

Comités de Justicia Transicional

Tipo de instancia: De participación oficial

Creación: 2011 (Ley 1448)

Lugares de medición: Departamento de Bolívar y municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y María la Baja, Buenos Aires, Caloto, Padilla (Cauca), Pradera (Valle del Cauca).

Objetivos: Coordinación, articulación y diseño de política pública en torno a la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Composición: Gobernador o Alcalde (quienes presiden), secretarios de Gobierno, Planeación, Salud, Educación, Comandante de división o brigada, Comandante de la Policía Nacional, ICBF, SENA, UARIV, Ministerio Público y dos representantes de las Mesas de participación de víctimas.

Audiencias públicas del Concejo

Tipo de instancia: De participación oficial

Tipo de instancia: De participación oficial directa

Creación: 1995 (Resolución 010/95 del Concejo Distrital de Cartagena) y Ley 489 de 1998

Lugar de medición: Cartagena de Indias

Objetivos: Convocar a la ciudadanía a discutir la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de una entidad pública, que en el caso de los Concejos Municipales se traduce en Proyectos de Acuerdo.

Composición: Puede asistir e intervenir cualquier ciudadano o sector social. Las ponencias se constituyen en insumos, recomendaciones o inquietudes respecto de los Proyectos de Acuerdo.

Comités de Justicia Transicional

Tipo de instancia: De participación oficial

Creación: 1993 (Ley 101)

Lugares de medición: Corinto, Miranda, Padilla (Cauca), Pradera y Florida (Valle del Cauca).

Objetivos: Concertar y hacer seguimiento a políticas, planes y programas de desarrollo rural en los territorios.

Composición: Alcalde, director de la Umata o Secretario de Agricultura, representantes del Concejo Municipal, representantes de entidades públicas, organizaciones campesinas, gremios agropecuarios y comunidades rurales.

Consejos Municipales de Paz

Tipo de instancia: De participación oficial

Creación: 1998 (Ley 434)

Lugares de medición: El Tambo, Caldono, Corinto y Caloto (Cauca)

Objetivos: Asesorar de manera permanente al gobierno nacional en temas relacionados con la consecución de la paz; elaborar propuestas sobre soluciones negociadas al conflicto armado interno, y proponer mecanismos de participación de la sociedad civil en los procesos de paz (entre otras).

Composición: Alcaldes (quienes presiden), Secretarios de Gobierno, Planeación, Personeros, Concejales, órganos de control y representantes de sectores organizados de la sociedad civil (indígenas, afros, campesinos, sindicatos, gremios, ONGs, iglesias, mujeres, LGBTI, entre otros).

Rendición de cuentas

Tipo de instancia: De participación oficial

Creación: 1998 (Ley 489)

Lugares de medición: Corinto, Caloto y Miranda (Cauca)

Objetivos: Presentar resultados de gestión de servidores públicos con transparencia para mejorar la confianza entre ciudadanía y Estado.

Composición: Funcionarios de administraciones locales, departamentales o nacionales y ciudadanía amplia.

Rendición de cuentas

Tipo de instancia: De participación oficial

Creación: Acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera (Punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas).

Lugar de medición: Corinto (Cauca)

Objetivos: Informar y concertar con las comunidades el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

Composición: Funcionarios de la administración local en cabeza del Alcalde Municipal, funcionarios del nivel nacional (Presidencia de la Nación, Dirección de atención integral en la lucha contra las drogas), representantes veredales y comunitarios.

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)

Creación: 1993 (Ley 62)

Lugar de medición: El Tambo (Cauca)

Objetivos: Solucionar problemas de inseguridad, violencia y delincuencia, en el marco de los Consejos de Seguridad y Comités de Orden Público, con programas, proyectos y líneas de acción para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana e implementar la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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